Las autoridades federales asestaron un golpe sin precedentes al tráfico ilegal de combustible: tras asegurar 10 millones de litros de diésel en el puerto de Altamira, Tamaulipas, se logró la detención de directivos de empresas y servidores públicos vinculados con esta red ilícita. La acción, coordinada por Semar, FGR, y SSPC, incluye órdenes de aprehensión ejecutadas con base en una investigación en curso.
Este operativo marcó un parteaguas en la estrategia contra el huachicol fiscal. No solo reveló conexiones entre privados y autoridades con el crimen organizado, sino que también sigue dejando huella: autoridades federales anunciaron que mañana darán más detalles de esta operación, que va más allá de decomisos y busca frenar la corrupción en aduanas y zonas portuarias.
Este golpe es solo una parte del combate nacional al robo de combustibles: en lo que va del año, se han incautado más de 15 millones de litros y desmantelado estructuras criminales. El mensaje ahora es claro: no habrá impunidad, y el Estado avanza contra redes que pasan por nuestras fronteras y nuestras instituciones.
